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PARTE 1
—Solicito que Alejandro Santillán sea apartado de este caso por conflicto de interés, uso indebido de información confidencial y posibles actos de espionaje corporativo.
La frase cayó en la sala como un vaso de cristal contra el mármol.
Alejandro, socio más joven de Santillán, Robles y Asociados, se levantó tan rápido que golpeó la mesa con la rodilla. Su madre, Rebeca Santillán, sentada en la primera fila con un traje blanco impecable, dejó de sonreír. Diez años atrás, esa mujer me había mirado como si yo fuera una mancha en su alfombra. Aquella mañana, en el Juzgado de Distrito de la Ciudad de México, fue ella quien palideció al verme.
Me llamo Daniela Vargas, tengo treinta y tres años y soy directora jurídica de Salgado & Pierce para América Latina. Mi cliente, Voltio Norte, era una empresa de Monterrey que buscaba adquirir tecnología alemana para fabricar baterías de vehículos eléctricos. La contraparte, Kronenwerk Mobility, llevaba seis meses retrasando el acuerdo mientras imponía cláusulas abusivas: pagos escalonados, regalías indefinidas y la propiedad de cualquier mejora futura desarrollada por ingenieros mexicanos.
Alejandro representaba a Kronenwerk.
También había sido el hombre que, cuando yo tenía veintidós años, permitió que su madre me comprara la salida de su vida.
—Licenciada Vargas —dijo el juez Herrera—, su acusación es grave. Presente pruebas.
Abrí la primera de diecinueve carpetas.
Mostré contratos, minutas y correos que demostraban que Alejandro había asesorado, durante el mismo periodo, a Energía Motriz, competidora directa de Voltio Norte. Después exhibí once versiones del contrato. Cada cláusula agresiva coincidía con datos técnicos que Energía Motriz había compartido bajo confidencialidad.
Alejandro intentó sonreír.
—Mi trabajo para esa empresa se limitó a temas laborales.
Entonces pedí que reprodujeran un audio.
Su voz llenó la sala:
—Necesito la comparación de costos, autonomía y patentes. Con eso podemos presionar a Voltio Norte hasta que acepte.
El murmullo fue inmediato. Rebeca se puso de pie.
—¡Esa grabación es ilegal! ¡Esa mujer está mintiendo!
El juez ordenó silencio y pidió a seguridad que la sacara si volvía a interrumpir. Yo no aparté la vista de Alejandro. Tenía el rostro gris y la mano con la que sujetaba la pluma le temblaba.
—El audio fue obtenido en la cafetería de Energía Motriz —expliqué—, en un área abierta. La persona que lo grabó reconoció términos sensibles porque su hija era abogada.
Alejandro me miró con desconcierto.
—¿Quién lo grabó?
—Una trabajadora de cocina llamada Rosa Vargas —respondí—. Mi madre. Usted comió frente a ella durante tres meses y nunca la miró a los ojos. Pensó que una mujer que lavaba platos no podía entender nada importante.
Por primera vez, Alejandro perdió completamente la compostura.
El juez suspendió la audiencia y le prohibió acceder al expediente mientras resolvía su posible separación. Los reporteros salieron corriendo. Los abogados de su firma comenzaron a llamarse entre ellos. Rebeca me lanzó una mirada llena de odio desde la puerta.
Yo recogí mis carpetas con calma.
Antes de salir, coloqué la número diecinueve sobre la mesa.
—Señoría, en la próxima audiencia presentaré una prueba relacionada con las finanzas de la firma Santillán. Es un pago de tres millones de pesos realizado hace diez años.
Rebeca se quedó inmóvil.
Alejandro dejó de respirar.
Y yo comprendí que ninguno de los dos podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir…
